Un país es un trinomio conformado por territorio, nación (población-sociedad) y Estado (sistema-ordenamiento jurídico) y aunque las leyes nacionales indican que los gobiernos deben velar por el bienestar de la población aprovechando los recursos naturales existentes y garantizando la soberanía sustentado en la ley, nada de eso se cumple en la medida en que el modelo de desarrollo es anacrónico (anticuado, obsoleto) e ineficiente y como resultado, inequitativo (injusto) sin embargo, ello no es nuevo pues, desde el incanato, durante toda la colonia y hasta nuestros días diversas condiciones y situaciones de dominación y de explotación del hombre por el hombre se han mantenido prácticamente constantes a tal punto que actualmente a pesar de los buenos resultados macroeconómicos, el Perú es uno de los países con mayor desigualdad del mundo.

En este contexto de evolución socio-histórica, en que el acceso a la riqueza siempre ha sido algo prohibido para la gran mayoría de la población y en el que la pobreza ha sido y sigue siendo un instrumento de manipulación a la vez que un mecanismo útil para llegar al poder, las personas tuvieron que apelar al ingenio para fabricarse oportunidades en búsqueda de soluciones que permitan satisfacer sus necesidades más básicas: algunos grupos (sobre todo migrantes pobres provenientes de provincias del interior del país) han logrado progresar con un esfuerzo que se mide en generaciones sin embargo, no todas las personas han empleado (o emplean) métodos lícitos para romper el círculo de la pobreza. 

En la lucha por el progreso en el Perú, la informalidad (principalmente la evasión tributaria y/o la realización de actividades económicas no declaradas o controladas) siempre ha sido un recurso (una especie de mal necesario) para salir adelante cuando no hay otras alternativas, o una respuesta ante la falta de proyectos nacionales que permitan el ascenso socio económico de la gran mayoría de la población, por ello ha permanecido como una constante a tal punto, que en los últimos diez años ha significado un promedio de 19% del PBI mientras tanto, se estima que el narcotráfico mueve unos US $ 16,600 millones al año.

Tal volumen de dinero no sólo ha significado una enorme fuente de riqueza para quienes se dedican a dichas actividades, sino que constituye una ingente fuente de recursos que otorgan un enorme poder de financiamiento para la diversificación (la realización) de más actividades informales e ilegales (como el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, etc.) las cuales ya no se llevan a cabo como una forma de subsistencia sino como verdaderos y muy bien organizados y planificados emprendimientos que tienen como único objetivo hacer más dinero fácil, siempre al margen de la ley (amparados en la impunidad que otorgan funcionarios corruptos: policías, fiscales, jueces) y sin importar el cómo (incluso, cometiendo crímenes).

Es oportuno comentar que lo anterior (la impunidad) no sería posible si el sistema jurídico y/o político peruano (encarnado en muchos de sus funcionarios, sin distinción de nivel o estamento) no fuera tan permeable a recibir dinero sucio, lo cual ocurre como consecuencia de una pérdida de valores morales, otro de los grandes problemas que la sociedad peruana acarrea desde hace siglos y lo que las cifras revelan, es que el dinero proveniente de la informalidad (comercio, pesca y minería ilegal, etc.) y de actividades criminales (como el narcotráfico) ha inundado la vida del país en prácticamente todos sus ámbitos (sociales, geográficos, empresariales, políticos).

En medio de toda esta dinámica que es una realidad que condiciona la vida nacional, dos preguntas muy válidas son ¿dónde no existe corrupción en el Perú? y ¿es posible un país sin corrupción?.

En la década de los 90s, el gobierno de Alberto Fujimori demostró que las fechorías cometidas por funcionarios coimeros del gobierno aprista de los 80s fueron un juego de niños pues, durante el “fujimorato” no sólo se institucionalizó la entrega de sobornos sino que la corrupción se disparó escandalosa y cínicamente hasta niveles nunca antes observados.  

Mención aparte merece la vergonzosa infiltración de dinero proveniente del narcotráfico en el aparato gubernamental y las gravísimas actividades ilegales (tráfico de drogas) llevadas a cabo por gran número de miembros de las fuerzas armadas y la policía (sobre todo, altos mandos) que contaron con el respaldo de funestos personajes provenientes de las más altas esferas de la política (como Vladimiro Montesinos -asesor presidencial- y Blanca Nélida Colán -fiscal de la nación); sin embargo, cabe mencionar que las actividades delincuenciales cometidas por Fujimori y miembros de su gobierno, no podrían haber sido llevadas a cabo sin la protección de algunos funcionarios de la CIA de EEUU los cuales, al amparo de la doctrina de seguridad y defensa nacional, ergo, bajo la justificación de la lucha contra los movimientos terroristas de la izquierda comunista peruana (Sendero Luminoso y MRTA), permitieron a Fujimori y su grupo de poder, llevar a cabo casi con total libertad e impunidad actividades de exportación de cocaína.

La caída de Fujimori no significó de ningún modo la desaparición del narcotráfico o de la corrupción en el Perú y hasta la fecha, los gobiernos subsiguientes y la sociedad civil en general, no han estado exentos de casos similares.

La putrefacción moral es un mal recurrente y cuasi generalizado en el país.